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EL ORIGEN DE LOS SEGUROS SOCIALES, COMO INSTRUMENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La seguridad social tiene su origen en la Alemania en la época de Guillermo I, Emperador de Alemania y Rey de Prusia durante los años de 1883 a 1889, siendo canciller Otto von Bismarck, en este periodo se aprobaron leyes que establecieron seguros obligatorios contributivos, delimitados a la clase trabajadora, que cubrían enfermedades, accidentes, invalidez y vejez y eran financiados por el Estado, patrones y trabajadores. En 1919, en la República de Weimar, se elevó por primera vez a rango Constitucional el papel más activo del Estado en el progreso social y se extendieron los beneficios para atender además de la seguridad social (salud, capacidad para el trabajo, maternidad, vejez, enfermedad), la vivienda y la educación (no se incluye el seguro de desempleo), aunque su naturaleza siguió siendo contributiva.

 En Inglaterra con el informe presentado en 1942 por Lord Beveridge, se marca el inicio de la seguridad social, al otorgarle un carácter integral y universal.

 Respecto a la universalidad se proponía que:

 “La seguridad social fuera entendida como un derecho social solidario que obligara a la sociedad y al Estado a proporcionar un mínimo de bienestar general, independientemente de las aportaciones que pudiera realizar cada individuo al financiamiento de los servicios. Desde esta perspectiva, se proyectó que los costos de la reforma deberían ser cubiertos con los recursos fiscales del Estado y con las contribuciones específicas de los trabajadores y empresarios al nuevo sistema.”

 En relación a la integralidad, el Plan propuso:

 “la construcción de un sistema de beneficios sociales que fueran capaces de proteger a los ciudadanos -desde la cuna hasta la tumba- y que atacara los cinco males gigantes de las sociedades modernas: la indigencia, las enfermedades, la ignorancia, la suciedad y la ociosidad.”

 Este plan incluía un sistema de seguridad social unitario que manejaría las pensiones (enfermedades, maternidad, vejez, viudez y desempleo que cubriera a toda la población), un servicio nacional de salud (atención médica gratuita con cobertura universal) y un sistema de asistencia nacional (para complementar los subsidios de la seguridad social cuando fueran insuficientes para lograr el mínimo de subsistencia deseado, el otorgamiento de subsidios familiares universales y la adopción del objetivo del pleno empleo como política de Estado). Los beneficios se extendieron a la educación, vivienda y atención especializada a niños.

 Cabe señalar que Inglaterra fue el primer país donde se introdujo, en 1911, el seguro de desempleo obligatorio. Todo esto conformaba lo que se conoció como el Welfare State británico.

 El modelo inglés se extendió al resto de países de Europa Occidental quienes fueron incorporando los compromisos de bienestar en sus respectivas legislaciones. Los países que adoptaron el modelo de la seguridad social, cambiaron su destino institucional, con el fin de erigir al Estado como el eje rector del desarrollo nacional y en todas sus Constituciones se establecieron como derechos sociales básicos de sus ciudadanos, el acceso a la educación, la salud, la seguridad social, la vivienda y el trabajo.

 En Estados Unidos el antecedente de la Seguridad Social la encontramos en la Social Security de 1935, en la que se contemplaba, mediante un sistema mixto de seguros sociales y de asistencia estatal, la protección de ancianos, ciegos, niños, incapaces y desocupados.

 En América Latina también se desarrollaron políticas sociales en las distintas áreas del bienestar, pero dichos esquemas resultaron incompletos dado el retraso económico-social, sus coberturas sociales fueron deficientes y desorganizadas, con relación a lo que se consideraría un sistema integral y universal real.

 Como resultado de la crisis económica mundial que se vivió en la década de los setenta, se trató de contrarrestar los avances en materia del Estado de Bienestar, reduciendo el presupuesto a esos rubros. Se abandonó el rubro de protección al empleo como política de Estado, flexibilizando los mercados laborales y el consecuente menoscabo de las prestaciones laborales, se establecieron reformas fiscales y presupuestales que recortaron los programas dirigidos a las poblaciones económicamente más débiles.

 

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